10º 1998-2002

10º 1998-2002

“A la Cárcel los Corruptos, estén donde estén”. 
El asunto de la ‘corrupción estatal’ es el eslogan electorero que ha estado como una noria o carrusel dando vueltas infinitas sin solucionarse pero agravándose aún más en cada administración presidencial, y como una constante o parte integrante esencial del ejercicio del Poder y de lo que en Colombia la clase dominante denomina “la democracia más vieja del continente americano”.

Los más recordados entre 1998 a 2002, son:

1º Dragacol - Valencia Cossío después mininterior

2º Chambacú - Araujo

3º Banco del Estado - Pardo Koppel

4º Foncolpuertos - equipo liquidador

5º Corfivalle - Valenzuela

6º Banco Andino - Estupiñán

7º Caso Pomárico - presidente cámara de representantes

8º El macabro caso de la Justicia sin Rostro

9º Banco del Pacífico - Kertzman

10º Contrato de la Loto de Ecosalud y Supersalud - 
Varela Marmolejo e Inés Gómez de Vargas fichas de Fuad Char

11º Rodney - jefe de seguridad de palacio presidencial

1986 La maleta de Fonseca. 
Diego Pardo Koppel y el Cartel de Cali. 
Están relacionados con el extravío de una maleta con 250 mil dólares que fue a parar a Nueva York, episodio por el cual debió renunciar Pardo en 1986 a la Alcaldía de Bogotá, un mes después de ser nombrado por Belisario, tras admitir que había recibido honorarios de Guillermo Rodríguez Orejuela para testimoniar en Nueva York contra las autoridades colombianas.

1999 Banco del Estado. 
Robo $15 mil millones. 
El CTI detuvo a Henry Avila, presidente de la entidad estatal, acusado de prestar en forma irregular más de $15 mil millones para a tan sólo 9 personas y sin tener las garantías reales legales. Avila rindió indagatoria ante la Fiscalía y  pasó de acusado a acusador, al denunciar que sus antecesores se robaron más de $70 mil millones de esa entidad oficial.

También, fue capturado Diego Pardo Koppel, embajador en México y  alcalde de Bogotá, sindicado de haber obtenido en forma irregular un préstamo de $400 millones y 2 compromisos bancarios, para importar automóviles, cada uno por $600 millones del Banestado. 
Como Pardo Koppel no cumplió con sus obligaciones, la firma automotriz hizo efectivas las garantías y así los $1.200 millones tuvieron que ser pagados por el Banestado. Pardo pago parte de las acreencias con pauta publicitaria a través de 2 programadoras de televisión en el canal regional de Teveandina y en la programadora Prisma T.V. en donde era socio Pardo Koppel, con 400 minutos de pauta publicitaria y entregó a otra programadora del mencionado canal, un lujoso automóvil a cambio de 125 minutos adicionales de comerciales, que endosó al Banco del Estado para completar el pago.

         Pardo regresó al país para darle sus explicaciones al presidente Andrés Pastrana. Al ser consultado por los hechos dijo: ‘Es una Persecución Política’. Sigue manteniendo su domicilio en México.

1999 Chambacú. 
En el gobierno de Pastrana, pero que afectó también a servidores de las administraciones Gaviria y Samper, se acusó a los mindesarrollo Fernando Araujo Perdomo y Luis Alberto Moreno, del BID,  de aprovechar sus cargos, para negociar en términos favorables con el INURBE, en favor del Consorcio Chambacú de Indias S.A., del cual eran socios, un lote para desarrollar un proyecto de construcción llamado ‘Chambacú’ en Cartagena, desalojando a la población que estaba en el lugar, formado por asentamientos irregulares de extrema pobreza, conocido como Chambacú. 
El sector era codiciado desde hace años por su estratégica ubicación entre los principales atractivos turísticos de Cartagena, el Castillo de San Felipe y la Ciudad Amurallada o Centro Histórico.

El periodista Ignacio Gómez publicó un artículo denunciando el drama de las familias afros que, a través del Estado, ya habían sido desalojadas de los terrenos de Chambacú trasladándolas a otro sector conocido como ‘Papayal’, del cual no apareció registro catastral en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entidad del estado que maneja el inventario nacional de inmuebles públicos y privados del país. Alfonso Gómez Méndez, fiscal, y Jaime Bernal Cuellar, procurador, anunciaron que se abrirían indagaciones penales y disciplinarias por irregularidades y conflicto de intereses a todos los servidores involucrados, entre ellos, Araujo y Moreno. Precluyeron los cargos  contra Fernando Araujo y Luis Alberto Moreno, director del BID.

1999 Dragacol. 
Robo $3.8 billones. 
La Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe, Dragacol, fue constituida en 1994 con us104.000, no obstante para finales del año de su creación su contratación superaba los us3.861.000. Sus contratos eran celebrados con el mintransporte para ejecutar las obras de dragado y adecuación del río Magdalena, en el sector Barrancabermeja-Chingaló.

         1º Pago de $1.2 billones de un contrato firmado entre entidades del estado y Dregacol, Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A
         en marzo de 1999. Dragacol no cumplió con el contrato para la ejecución de dragados en el canal del Dique de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso del puerto de Buenaventura. En la conciliación laboral entre Dragacol y el Mintrabajo por incumplimiento del contratista, se llegó a un acuerdo económico por cerca de $26 mil millones a favor del estado, firmado el 6 de noviembre de 1998, haciendo evidente una falla en las exigencias económicas al contratista. Fue denunciado en el Congreso por el congresista Javier Cáceres Leal ‘Chuzo a los corruptos’.

         Después de 10 años que duró todo el proceso 13 jueces vieron el caso, algunos de los cuales se declararon impedidos para juzgar, Bray fue declarado inocente al no haber una "prueba contundente" por el Juez 3 Penal del Circuito de Bogotá, acusado de peculado por apropiación de $17 mil millones. - Juan Alberto Páez, vicetransporte participó el comité de conciliación. - Hugo Escobar, abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación.

         Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director Marítimo de Dimar. De los $26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los $4 mil millones. Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable solidario al ministro Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998. La decisión de vincular al ministro fue revocada por la Corte Constitucional.

2º Dragacol le entregó a la campaña del conservador Pastrana, 
en el Departamento de Bolívar, cheques por $154 millones que fueron avalados por el donante, Reginaldo Bray, con ocasión de una conciliación con el Estado que poco después de posesionado se concedió de manera fraudulenta por $26 mil millones, aunque los directivos de la misma, Hernán Beltz, embajador en Alemania y Camilo Gómez, Alto Comisionado de Paz, aseguren que los dineros se centralizaron en Bogotá y que Dragacol nunca realizó aportes. No obstante, dirigentes de la Campaña en Bolívar como William Murra y Miguel Navas Meisel, íntimo amigo de Misael Pastrana y ex gobernador de Bolívar, reconocen que sí se recibieron dineros de Dragacol. El mismo Fernando Araujo Noguera, quien sería mindesarrollo y está vinculado también al caso Chambacú por corrupción, no ha desmentido que se manejaron dineros en una cuenta de Miguel Navas que no fueron reportados a Bogotá.

3º La sociedad de Juan Camilo Valencia, 
hijo de Fabio Valencia Cossío, con Reginaldo Bray, dueño de Dragacol, en una empresa de publicidad que maneja contratos multimillonarios con el Estado;

         Más de 30 servidores fueron investigados a raíz de estos hechos, todos absueltos:

1º Alfonso Campo Soto
, actuando como ministro encargado, autorizó el contrato 98 de mayo 11 de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por $6.794 millones.

2º Juan Gómez Martínez, 
mintransporte, fue el encargado de autorizar los otrosí a los contratos para aumentar los valores en un 30% el valor del anticipo del contrato 98, en diciembre 27 de 1995;

3º Germán Villegas, 
gobernador del Valle, también aumento el valor de los contrato, así, en los contratos 0234 de octubre 20 de 1994 por $7.464 millones y el 286 por $7.500 millones.

4º Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, 
autorizaron el contrato 217 de noviembre 17 de 1996 el cual estipulaba el mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla por $400 millones.

5º Rodrigo Marín Bernal, 
mindesarrollo, inició una conciliación con Dragacol por cerca de $3.8 billones.

6º Mauricio Cárdenas, 
autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca, pero luego se retractó y pidió anularla.

7º Juan Alberto Páez, 
entonces vicetransporte participó el comité de conciliación.

8º Hugo Escobar, 
fue abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación

9º Reginaldo Bray, 
Gestionó la conciliación a nombre de Dragacol, de la que era gerente y dueño. Hoy Reginaldo Bray Bohórquez, se encuentra prófugo de la justicia.

Maraña. 

‘Reginaldo Bray concilió solito’. 

Sin embargo los funcionarios del mintransporte que realizaban la contratación no tuvieron en cuenta la figura de interventoría, por lo que no se pudo dar inicio a las obras, situación que le costó a la Nación us6.725 diarios. Dragacol demandó al Gobierno por estas irregularidades, el cual se tuvo que comprometer por medio de varias solicitudes de conciliación a pagar una suma de us2.475.000 y posterior de us13.450.000 por motivo de conciliación. Las razones que desataron la investigación se enfocaron en el tráfico de influencias y fallas en la conciliación laboral por cerca de us13.450.000 entre el mintrabajo y Dragacol; 

Reginaldo Bray director de Dragacol fue contribuyente de la campaña del Presidente Pastrana; aportes que no fueron registrados en la contabilidad oficial y que evadieron, los controles legales a que estaba sujeta la financiación de la campaña. Por esta razón Reginaldo Bray y su abogado, el ex ministro Hugo Escobar Sierra, fueron sindicados por apropiación y por celebración indebida de contratos, Bray fue llamado a juicio y la Contraloría encontró méritos para abrir procesos de responsabilidad fiscal. Sumado a esto, el Consejo de Estado ordenó a la firma de Reginaldo Bray restituir a la Nación más de us6.726.000 que el mintransporte pagó en exceso a Dragacol por los controvertidos contratos para la limpieza del río Magdalena en el departamento de Bolívar, el valor real que se debió reconocer por dicha contratación no debió exceder los us2.070.000.

El libro de la periodista Gloria Congote, titulado “El Señor de las dragas”, patrocinado por la Contraloría de Carlos Ossa Escobar, es una excelente investigación, pródiga en detalles y testimonios, los cuales demuestran que era tal poder político de Reginaldo Bray, que se aprovechó de todas las influencias que estos le prodigaban para lograr una multimillonaria conciliación con el entonces minitransporte Mauricio Cárdenas. El escándalo de Dragacol nos muestra que en este país un escándalo por corrupción sepulta a otro, y los protagonistas, casi siempre los mismos, permanecen incólumes en el tiempo. De ahí la frase tradicional: – “En Colombia no hay muertos políticos”.

El libro ‘El Señor de las dragas’ es otra demostración de cómo en este país no pasa nada. El listado de personajes que cohonestaron con la conciliación entre el Mintransporte Mauricio Cárdenas, y el dueño de Dragacol, es largo, muy largo. Algunos de sus protagonistas continúan figurando hoy en la política. Se siguen mostrando. Y no pasa nada.
De la época en que se inició la conciliación en 1994, hasta 1999, Reginaldo Bray era el rey de las buenas relaciones con el Congreso y el Gobierno, muy especialmente con los Ministros del Transporte. Paseos con invitados a China y otros países de Europa y ni qué decir de sus inolvidables fiestas en su lujoso yate “Lourdes”, que posteriormente se hundió en un muelle en Cartagena. De estos detalles y muchos más está repleto el libro ‘El señor de las Dragas’.

1998 Fiduciaria del Pacífico. Corporación Financiera del Pacífico. 
Robo $13 mil millones. 
Fidupacífico adquirió derechos y acreencias de trabajadores de Colpuertos. Estos títulos valores fueron vendidos a Bancali. En su momento, David Toledo, gerente de la fiduciaria, recomendó la negociación a la junta directiva, y la justificó con el argumento de que por tratarse de deudas de la Nación con los trabajadores de Colpuertos “el riesgo era mínimo”. Muchos trabajadores que, pasados 7 años de la liquidación, no habían recibido un peso de Foncolpuertos decidieron entregar sus mandamientos de pago a Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto Lloreda Garcés, hijo de Álvaro José Lloreda Caicedo. Propietarios del diario conservador, El País de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Corfipacífico. 
Una parte de los derechos fiduciarios que los trabajadores de Colpuertos tenían en Fidupacífico, respaldados por los mandamientos de pago, fueron adquiridos por la Corporación Financiera del Pacífico, también propiedad de Álvaro José. Esta entidad, a su vez, en octubre de 1998 ofreció venderlos a Bancali, entidad pública dedicada a hacer inversiones con el dinero del municipio. En diciembre 28 de 1998 Bancali pagó $13 mil millones a Corfipacífico y se quedó con derechos fiduciarios respaldados por mandamientos de pago a favor de trabajadores de Colpuertos. La transacción se cerró 4 días después de que la superbancaria le ordenó a Corfipacífico hacer una capitalización por $18 mil millones, dada la grave situación de iliquidez que enfrentaba esta entidad. 

         El estatal Fondo de Inversión de Cali, Bancali:
        Está en liquidación debido a las pérdidas que acumuló entre 1997 y 2000 no sólo por este negocio sino por otros muchos con resultados parecidos. El escándalo llevó a la Fiscalía a investigar la operación entre Fidupacífico, Corfipacífico y Bancali, llegando a la conclusión de que si bien los implicados no tuvieron nada que ver con las falsificaciones de las actas de conciliación, Lloreda y su hijo sí vendieron los derechos económicos originados en ellas a sabiendas de que tenían el riesgo de ser incobrables. 

Entre las pruebas con que los fiscales sustentaron su acusación hay 3 que, en criterio de la juez, la llevaron a decretar la condena: 9 años de cárcel a Álvaro José Lloreda Caicedo y Jorge Alberto Lloreda Garcés, padre e hijo, a quienes la juez penal del circuito de descongestión de Bogotá, Claudia Marcela Castro Martínez, halló culpables de estafa agravada. Además, la juez condenó a los 2 implicados al pago de $13 mil millones a favor del liquidado Fondo Especializado Financiero de Cali Bancali. Al emitir su condena la juez consideró que los 2 sindicados conocían los problemas que tenían los mandamientos de pago y que aun así, resolvieron vendérselos a Bancali. “Los directivos del Grupo Pacífico ocultaron la información que les había sido suministrada acerca del no pago de los activos de Foncolpuertos”, dice el fallo.

         La 1ª. Demuestra que 7 días antes de la operación, la jurídica de Foncolpuertos envió a Fidupacífico una carta en que aclara que “dadas las irregularidades y falsificaciones detectadas por la Fiscalía a un gran número de mandamientos de pago y sentencias, Foncolpuertos no se compromete a ordenar su pago”. 

         La 2ª. Aduce que por la investigación que hizo Fidupacífico, cuando aceptó el encargo fiduciario de los trabajadores de Colpuertos, sabía que algunas de las conciliaciones que daban lugar a los órdenes de pago eran falsas.

         La 3ª. Es que la urgencia que tenía Corfipacífico de capitalizarse en $18 mil millones para no ser intervenida hace aún más sospechosa la operación. 

         Álvaro José Lloreda Caicedo, 
       entro al sector financiero, estimulado por los logros de sus primos Ulpiano y Armando Lloreda Zamorano, quienes construyeron la Corporación Financiera del Valle. Con sus hijos, su esposa fueron consolidando al grupo financiero Lloreda como el 6 más grande del país. Se desato esa impresionante cadena de hechos que llevaron a liquidación de ese grupo financiero y todos los acontecimientos que rodearon las investigaciones judiciales que no solo se enfocan por la negociación de los mandamientos de pagos de Foncolpuertos, sino en la compra y venta de cartera a cooperadores, Interbanco, Bancali, así como el caso del sacerdote Raymund Schambach Garcés, a quien involucraron en el ingreso de más de $20 mil millones a través de Corfipacífico. Esta es la triste historia de uno de los empresarios más exitosos y visionarios del Valle del Cauca, quien comenzó a perder su rumbo cuando abandono el periodismo para convertirse en banquero, actividad que según los abuelos les roba el corazón a las personas.

1998 Ferrovías. 
Robo $18 mil millones. 
Julián Palacios Luján. Presidente de Ferrovías. Empresa Colombiana de Vías Férreas.  
En 2003 el Tribunal Superior de Bogotá, lo condenó a palacios y a su esposa Olga Lucía Caicedo  a 10 años y 4 meses de prisión por irregularidades en la adjudicación de varios contratos.

Palacios firmó un contrato en noviembre de 1997 por $18 mil millones con las empresas Cargo Plus Ltda., y Asesoría Jurídicas Especializadas para la realización de varias asesorías que nunca se llevaron a cabo.  Una de estas empresas, había sido creada unos meses antes, a través de terceros, por la esposa de Palacios.

La Contraloría en agosto del 2000 profirió fallo de responsabilidad fiscal en contra de la pareja y ordenó reintegrar al Estado $7.260 millones.

Extinción de Dominio. En 2003 la justicia logró comprobar que Palacios Luján, adquirió por lo menos 17 propiedades para su disfrute personal con recursos de la entidad estatal. Se ordenó que le expropien esos bienes que aparecen a su nombre y el de su esposa.  Los bienes se representan en apartamentos, casas y otros predios ubicados en Bogotá, Cali, Palmira y Bucaramanga, los cuales están avaluados en más de $500 millones de pesos.

Por este caso también fueron condenadas a 28 y 15 meses de prisión, Elizabeth Olarte Villamil y Alba Ligia McCalister.  La justicia las encontró responsables de incurrir en falsedad en documento privado al haber facilitado sus nombres para crear las empresas con la que se suscribieron los millonarios contratos.

2001 Royne Chávez. 
Jefe de seguridad de Pastrana. 
Llamado por la Procuraduría: debió responder por una serie de propiedades, al parecer, de dudosa procedencia. En las primeras indagatorias debió hacer un recuento de la lista de bienes. Chávez dijo tener un parqueadero en la calle 39 con carrera 8ª en Bogotá; 2 terrenos que en Ricaurte y Tocaima, Cundinamarca; varios vehículos y un billar en el centro de la Capital. Y un del burdel. 
Le detectaron incrementos patrimoniales superiores a $1.600 millones en 2001, y en especial la procedencia del parqueadero cerca al Parque Nacional. En 2005 fue condenado a 3 años por enriquecimiento ilícito. Segunda condena, a un año y 5 meses de cárcel, por haber presentado documentos con sellos notariales falsos en una investigación que cursaba en su contra por enriquecimiento ilícito.