8º 1990-1994

8º 1990-1994

‘Bienvenidos al futuro’. ‘O cambiamos o nos cambian’. 

Y ni lo uno ni lo otro, sin todo lo contrario. Secuencia de un Estado fallido: 
1990-1994 = ‘el patrón’ con Gaviria  
1994-1998 = el ‘cartel de Cali’ con Samper 
1998-2002 = las Farc con Pastrana 
2002-2010 = la narco parapolítica y desfalcos Estatales: AUV
2010-2018 = la corrupción con Santos, revienta en la cúspide de la justicia

1980-1992 El Guavio.  
Robo $15 mil millones. 
Fabio Puyo Vasco gerente de la construcción de la Central Hidroeléctrica del Guavio, la 2ª central en funcionamiento más grande del país, tiene una capacidad de 1.213 MW, localizada a 120 kilómetros de Bogotá, en la parte inferior del río Guavio. Entró en operación en diciembre 15 de 1992, aun cuando no alcanzó a ser terminada, pues presentó sobrecostos por us2.053 millones debido a que se comenzaron los trabajos sin comprar los predios.

Los sobrecostos fueron apropiados por los consorcios contratistas, Consorcio Vianni, Entrecanales de Italia, Távora de España, Campenon Bernard, Spie Batignolles, ICA de México, Termotécnica de Colombia, que ganaron cuantiosas sumas como resultado de las compensaciones por la demora en la compra de los predios.

Las irregularidades de este proyecto le costaron a cada bogotano un promedio de us130 y permanentes racionamientos eléctricos. Cada día de retraso en la terminación de la obra le costó a la EEB us238.000 dólares  en lucro cesante. Debió estar concluida en 1988 y sólo se logró su terminación en 1994.

    A Puyo Vasco, gerente de la Empresa de Energía de Bogotá, se le comprobaron us360.000 de aumento patrimonial injustificado.

       La Contraloría inició un juicio fiscal contra Puyo y lo responsabilizó con us555.000 en mayo 23 de 1993, en su calidad de Gerente Ordenador de la  EEB.

       La Fiscalía lo investigo por enriquecimiento ilícito, se estableció que la documentación aportada por Puyo para justificar sus ingresos era falsa. La polémica nació cuando Puyo es acusado por desfalco al Estado por el inmenso costo y los largos plazos de entrega. En agosto 25 de 1994, la Fiscalía dictó auto de detención para Puyo, éste salió del país. Condenado a 7 años de prisión, pero para ese tiempo Puyo vivía en España, y Colombia no logró la extradición, a pesar de ser arrestado en Usa 2 años después, nunca pisó la cárcel porque su caso fue resuelto con una fianza de 8 mil dólares. Vive en España desde los años 90. Así, pasaron 7 años desde que la sentencia contra Puyo por enriquecimiento ilícito, falsedad en documento, falsedad ideológica y concierto para delinquir quedó ejecutoriada, y la sanción prescribió.

        De los 145 servidores comprometidos en las irregularidades, solo Puyo fue el único condenado por el multimillonario desfalco al Estado en la construcción de la central hidroeléctrica, 110 fueron beneficiados con la prescripción de las sanciones disciplinarias. Además de 3 gerentes de la EEB, incluido Puyo, y 2 alcaldes, también fueron favorecidos con esta figura debido a que durante 10 años no se adelantó ninguna investigación sobre las irregularidades cometidas durante la construcción de la hidroeléctrica.

1990  Commsa. 
Pleito iniciado por el estado en los años 1990 con la firma española Commsa, que tiene entre sus accionistas a Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, debido a la no construcción de una carretera clave para el país, la troncal del Magdalena, del cual Commsa ofreció pagar una indemnización de $119 mil 987 millones para acabar el pleito, por lo cual los organismos de control del estado denunciaban que este podría perder dinero, y en consecuencia haber detrimento patrimonial, si se aceptaba este pago de la firma constructora. Al final, se concretó el acuerdo y las investigaciones por el detrimento patrimonial se archivaron.​

2006 El Consejo de Estado tumba acuerdo entre Commsa y el gobierno. 

El Consejo de Estado rechazó el monto de la indemnización que habían acordado inicialmente por la concesión de la vía del Magdalena Medio, acuerdo hecho en 2003 y que presentaba algunos reparos por parte de la Procuraduría. El tribunal ordenó a la firma Commsa el pago de 137.100 millones de dólares a favor de Invías. El acuerdo era por $100 mil millones de pesos, que los socios del consorcio colombo-español ya tenían listos para pagarle al Estado colombiano de indemnización dentro del proceso por los perjuicios causados ante el incumplimiento del contrato. La conciliación que fue suscrita entre la directora de Invías, Alicia Naranjo, y la Concesionaria del Magdalena Medio, Commsa, en 2003, avalada por Tribunal de Cundinamarca, sin embargo la Procuraduría objetó el acuerdo por considerarlo lesivo para el país.

El consorcio de Sacyr y ACS ganó la licitación. 
Ofertó un presupuesto 70 millones de dólares más barato que el de sus rivales y "se comprometió a asumir todos los riesgos de la obra y a cumplir escrupulosamente el trazado. Ninguno de sus competidores se atrevió a hacerle sombra". El contrato adjudicado a Commsa incluía la construcción de una "autopista de 625 kilómetros, que uniría Bogotá con Medellín y la costa atlántica. El recorrido incluía 15 túneles. Pero con la licitación ya ganada, Commsa pretendía no construir los túneles, "la parte más costosa de la operación, para ahorrarse us100 millones de dólares". El Estado colombiano rechazó la petición del consorcio, entonces Commsa se vio "con problemas para cumplir con el calendario de entrega.

Sacyr fue una de las empresas que conformo el consorcio Commsa, quien se hizo con la concesión para la construcción de la vía Tobiagrande- Puerto Salgar. Commsa sostuvo una disputa con el Estado colombiano por incumplimiento de contrato un litigio que tardó 7 años.

Pero el auténtico escándalo comenzó en 1998, momentos en que Colombia cambió de presidente y de partido político estandarte. Entonces, el Estado exigió cobrar la póliza de indemnización por incumplimiento de contrato y de paso recuperar los us77 millones de dólares que se entregó como anticipó, pero no obtuvo ni lo uno ni lo otro. "El Estado descubrió para su sorpresa que no existía ninguna póliza, sino que, al parecer, lo que había hecho el consorcio de ACS y Sacyr era mandar un borrador de póliza durante el concurso que, una vez ganado, no llegó a contratar".   Solo fue hasta 2011 cuando la empresa española pudo volver a pujar por un contrato público en Colombia.

También ha sido objeto de fuertes críticas el arreglo que pretende el gobierno con Commsa, consorcio del que son socias cinco compañías españolas y que el Invías sancionó por incumplimiento con una multa de us137 millones de dólares. Y la conciliación se busca a pesar de que hay orden de aseguramiento contra los principales involucrados, porque estos fueron capaces de actos tan descarados como ganarse la licitación con un precio tan bajo que se sabía iban a incumplir, pedir que se modificara el contrato firmado pocos días atrás y gastarse parte de los aportes del Invías en "carros lujosos y viajes en primera clase a Madrid". Incluso, cuando el Invías intentó cobrar la póliza de cumplimiento que el Consorcio le entregó, "esta resultó falsa". Han intrigado a favor de Commsa José María Aznar y el propio rey de España, a lo que se le agregan las opiniones de la embajadora Noemí Sanín, quien, en un consejo de ministros, "expresó que a su juicio los españoles no volverían a invertir en el país si no se solucionaban varios problemas, y uno de los casos que citó fue el de Commsa".

La directora del Invías, Alicia Naranjo, explicó el despropósito que intenta diciendo que de lo que se trata "es de cumplir con un sueño del gobierno. Estamos en un gobierno que concilia y es generoso". Y sí que lo es. Con algunos. Pero que no digan que así se castiga a los corruptos y se defiende el interés nacional.        La salida de Alicia Naranjo como directora de Invías tuvo que ver con este proceso.

1991 La Catedral. Revocatoria del Congreso. Constitución. 
El narco a. ‘patrón’ se entregó en 1991 a las autoridades tras negociar un acuerdo con el gobierno nacional que le permitiría: 
1º Vivir con sus socios en un Chalet cárcel.    
    El ‘patrón’ diseño y mandó a construir una prisión de lujo que bautizó ‘La Catedral’, en su natal Envigado, en las afueras de Medellín; 
2º No ser extraditado a USA; 
3º Prohibición que tenía que elevarse a rango Constitucional; 
4º Convocar una ‘Asamblea Nacional Constituyente’, para tal fin, por lo que se ‘Revoco’ el Congreso de la República.

1992-1993 Foncolpuertos. 
Robo $2 Billones. 
Creada en 1992 como reemplazo de Puertos de Colombia, generó un gran escándalo de corrupción en 1993, cuando a través de conciliaciones falsas o adulteradas, liquidaciones y pagos sin soporte legal se quería desfalcar al Estado en $2 billones.

1992-1993 El Apagón. 
El Gobierno decretó el racionamiento energético entre marzo 2 de 1992 a febrero 7 de 1993, que consistía en dejar sin luz de manera intermitente, partes del territorio.

         El Mito Del Sobredimensionamiento. 

      Guillermo Perry Rubio califico el sector eléctrico de ‘Sobredimensionado’ cuando estaba al frente de la cartera de Minas, frenó gravemente la expansión del sector. 
     En 1986, Perry anunció que en materia de energía eléctrica, Colombia estaba ‘Sobredimensionada’. A pesar de que sus afirmaciones causaron cierto revuelo entre los expertos, pues sentían que se trataba de una crítica a sus recomendaciones de adelantar megaproyectos y grandes inversiones. Con las declaraciones de Perry la ciudadanía quedó convencida de que los apagones diarios de los años 80 eran cosa del pasado. En 1992, seis años después, los colombianos fueron sometidos a racionamientos en todo el país, que en la Costa llegan a las 10 horas, no han logrado explicar qué fue lo que sucedió, ni se señaló ni sanciono a los insensatos administradores de la ‘cosa pública’, ni cómo fue que se pasó de la "sobredimensión" a un ahorro forzoso de energía que ha puesto en jaque al país.

       El sector eléctrico era el responsable de cerca del 30% de la deuda externa del sector público, y no tenía ninguna posibilidad de solucionar su situación de insolvencia. 
      El desgreño administrativo, las pérdidas que ascienden a más de 150 millones de dólares anuales y el evidente desacierto de realizar megaproyectos en zonas geológicamente inadecuadas, son procesos que se venían gestando desde años atrás. Pero lo que el país se pregunta es por qué se esperó hasta que el nivel de embalse llegara a niveles críticos y a que algunas centrales termoeléctricas estuvieran inhabilitadas, como en 2017, para tomar medidas. Algunos observadores atribuyen este retraso a un simple manejo político en temporada electoral.

Esta crisis saco a flote es la vulnerabilidad del sector eléctrico, el carácter urgente de la diversificación de fuentes energéticas y la imperiosa necesidad de un verdadero revolcón. Carlos Rodado Noriega, minminas había advertido desde 1988 que, tal y como iban las cosas, los racionamientos serían inevitables en 1991.